La reforma de las pensiones va a ser el primer tema candente del año que va a entrar este sábado. La crisis fiscal ha hecho emerger este asunto que en su momento ya plantearon Pedro Solbes y Manuel Pizarro en el debate electoral sobre economía en 2008. Curiosamente ninguno de los dos sigue hoy en la vida política. Pizarro dio la espantada tras la derrota electoral del PP y Solbes abandonó el Gobierno en la primera remodelación del Gabinete esta legislatura, en abril de 2009.
Dos son las cuestiones que centran la atención en la reforma: el retraso en la edad de jubilación y el período de cálculo considerado en la pensión.
Respecto al primero, el Gobierno propone aumentar la edad de retiro de los 65 actuales a 67. Entre las razones están la mayor esperanza de vida. Desde que se estableció la edad en vigor cierto es que la calidad de vida de la población ha mejorado y se ha aumentado ese indicador. Si hace años un jubilado apenas esperaba recibir pensión durante una media inferior a un año. Actualmente, las estadísticas dice que podrá percibir pensión durante una media de 15 años.
Por otro lado, está la edad efectiva de jubilación, que está muy por debajo de esa cifra, situándose en torno a los 62-63 años y eso sin considerar las prejubilaciones. Entonces, ¿no será mejor crear mecanismos para acercar la edad real a la edad legal antes de modificar ésta? De poco servirá que se aumente la edad legal y luego la realidad no se acomoda a la intención del legislador.
La clave está en la flexibilidad. Esa palabra tan mágica cuando hablamos del mercado de trabajo. Quizás lo que habría que hacer es revisar determinadas profesiones y establecer según las mismas la edad de jubilación. Ya existe algo así. Trabajadores que desempeñan tareas especialmente penosas, como los mineros, se jubilan mucho antes, mientras otros profesionales, como los profesores de universidad, pueden prolongar su actividad laboral hasta los 70.
Lo cierto es que la realidad laboral de nuestro país nos sirve de fundamento a esta tesis. En las últimas décadas, el nivel de estudios de la población ha aumentado y, por tanto, la incorporación al mercado laboral es mucho más tardía. Si nuestros padres comenzaban a trabajar apenas cumplidos los 14 años, hoy día muchos de nuestra generación no se incorporan a la población hasta los 25 años. Y aquellos que se incorporan antes lo hacen en empleos que exigen un mayor desgaste físico. Sería por tanto una cuestión de hacer una estratificación según categorías profesionales. Algunos criticarán este argumento diciendo que con ello se quebraría un criterio de igualdad que debe incorporar cualquier ley, pero es que la propia diferencia en la incorporación al mercado laboral implica una desigualdad que debe ser considerada.
El otro caballo de batalla es el período de cálculo considerado para establecer la cuantía de la pensión a percibir. En esta ocasión, más que ante un debate de carácter político, nos enfrentamos a una cuestión de estabilidad monetaria. Actualmente, se consideran los últimos 15 años cotizados para calcular la pensión. Hay que considerar que hasta hace unos años, las tasas de inflación eran muy altas. En los 10 años trascurridos entre 1982 y 1992 los precios se duplicaron. La moderación de los precios desde entonces es considerable. Lo precios se duplicaron, pero ya en un período de 15 años, entre 1985 y 2000. Es decir, que un jubilado en 2000 perdía mucho menos poder adquisitivo que en 1992.
Siendo la tendencia de la inflación al 2% (al menos ese es el objetivo a largo plazo marcado por el Banco Central Europeo), suponiendo que se cumpliera esta previsión harían falta 35 años para que los precios se duplicaran.
De esta manera, mientras en el retraso de la edad de retiro hay materia para debatir, en el período de cálculo de la pensión deben primar criterios preferentemente técnicos.
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